Amenaza de bomba en escuelas: El gobierno denunciará a los padres

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, confirmó este viernes que denunciará penalmente a quienes resulten responsables por las sucesivas y numerosas amenazas de bomba emitidas contra escuelas porteñas, y que mediante una demanda civil les trasladará los costos por los días de clase perdidos.

"Tal como hicimos con las tomas de escuelas, cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informe técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas, y así transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó el día perdido", afirmó Acuña.

"La escuela tiene la obligación de marcar el modelo de sociedad y de convivencia que se necesita, por eso estamos haciendo énfasis en la responsabilidad de los adultos, en las consecuencias sobre las acciones de cada uno", agregó la titular de Educación en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los últimos días se registraron amenazas en al menos siete escuelas porteñas: los establecimientos afectados fueron tres de gestión privada (Villa Devoto School, Cristóforo Colombo y San Mateo) y cuatro de gestión estatal (Normal 8, Normal 1 y escuelas 10 y 6 DE 21).

Para las amenazas de bomba se utilizaron diferentes métodos, como llamadas telefónicas, manuscritos y correos electrónicos.

El anuncio de acciones penales está en línea con los antecedentes de 2021, cuando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires sentenció a la madre de un alumno por realizar una amenaza de bomba en el año 2016 en la Escuela Técnica 3 "María Sánchez de Thompson" y la condenó a indemnizar al Gobierno porteño por daños y perjuicios.

En esa causa penal por intimidación pública se acreditó que el alumno efectuó las amenazas de bomba, pero quedó sobreseído por resultar inimputable.

Debido a la responsabilidad objetiva de los padres por los hechos de sus hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental, la madre fue condenada porque quedó demostrado que la Ciudad sufrió un perjuicio patrimonial por la interrupción de la actividad escolar, atribuible a las acciones del alumno.

En otro caso reciente, la Justicia porteña convocó a cinco jóvenes para el próximo 12 de junio al debate oral por una amenaza de bomba realizada en 2015 contra la Escuela de Comercio N° 1 "Joaquín V. González".

Ese grupo enfrenta a una posible condena que puede ir de 2 a 6 años de prisión.