
Según trascendió, se buscó evitar el gasto de casi $1.000 millones que hubiera implicado su realización.
“Dijeron que si no cerrábamos nos iban a romper todo”, Una persona llamó a la línea 134 y mencionó a Carlos Acuña, integrante de la conducción de la central obrera, como referente del sector gremial que instigó las amenazas
Nacionales16 de mayo de 2024Una persona que se comunicó con el número 134 que el Gobierno nacional dispuso para denunciar extorsiones ante la convocatoria a movilizaciones de protesta o a los paros a los que convocaron los gremios sindicales, señaló a Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) y que encabeza el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), como secretario general.
En la llamada al número del Ministerio de Seguridad, un particular expresó el jueves pasado, día en que se realizó la huelga general de la CGT, obligaron al dueño de una estación de servicio ubicada en La Paternal a no abrir ese negocio. “Si no cerrábamos íbamos a tener problemas con la seguridad de los empleados y del negocio, de la estación de servicio. (Dijeron) Que nos iban a romper todo”, aseguraron.
El denunciante apuntó que recibieron “visitas en moto”. Y sobre la modalidad de las amenazas, agregó que al encargado de la estación Shell le manifestaron que “iban a pasar cada 30 minutos a controlar que la estación de servicio esté cerrada o, de lo contrario, iban a tener problemas con la seguridad de las personas y del negocio”.
La persona que llamó al 134 identificó a Acuña como responsable del sindicato de estaciones de servicio ante la pregunta de la operadora que recibió el llamado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado el jueves durante su conferencia de prensa diaria, que se habían recibido 3.685 denuncias por extorsión en la línea habilitada para tal efecto.
La persona que llamó al 134 identificó a Acuña como responsable del sindicato de estaciones de servicio ante la pregunta de la operadora que recibió el llamado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado el jueves durante su conferencia de prensa diaria, que se habían recibido 3.685 denuncias por extorsión en la línea habilitada para tal efecto.
La misma mañana del paro se produjo otra amenaza contra un depósito de mercaderías que estaba abierto y trabajando, ubicado en Villa Soldati en la calle Carlos Berg al 3500, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue protagonizada por un grupo de afiliados al sindicato de Camioneros. “Cerrá las persianas, ya sabés cómo es esto”, les dijeron a los trabajadores para que se sumaran (obligados) a la medida de fuerza cegetista.
La Policía de la Ciudad, alertada de la situación, detuvo a 12 personas por este hecho. Habían ingresado “con fines intimidatorios y con el objetivo de que cesaran el trabajo”, según confirmaron fuentes policiales a Infobae en esa ocasión. Por ello, a partir de la descripción de los hombres y sus vehículos, los acusados fueron demorados en la calle Troxler al 3200.
El Juzgado Criminal y Correccional Número 12 ordenó la detención de las 12 personas, además del secuestro de los vehículos, y se labró un acta por actuaciones por extorsión. Asimismo, en uno de los ocho vehículos se encontró un palo de madera, un cuchillo y una vara de metal extensible.
Al realizar el procedimiento habitual de identificación, un dato en particular llamó la atención: todos serían afiliados al Sindicato de Camioneros.
Previamente, policías de la Comisaría Vecinal 4B se habían desplazado a la calle Erezcano al 3800, en el barrio de Pompeya, donde se encuentra la empresa Expreso Rodríguez Hermanos por la presencia de varios sujetos que habían ingresado al lugar amedrentando a los empleados para que cesen su actividad.
Cuando los efectivos arribaron al lugar, los individuos ya se habían retirado. Uno de los damnificados declaró que se trató de un grupo de, al menos, 10 personas que pertenecerían al Sindicato de Camioneros. Así fue como lograron identificarlos para su posterior detención.
Fuente: (Infobae)
Según trascendió, se buscó evitar el gasto de casi $1.000 millones que hubiera implicado su realización.
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