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Trump respaldó a Argentina en el juicio por YPF: EE.UU. pidió frenar el fallo que ordena pagar USD 16.000 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldará formalmente al gobierno argentino en el juicio por la expropiación de YPF.

Mundo17 de julio de 2025

El organismo presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York solicitando que se mantenga suspendida la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012.

El escrito, ingresado el martes, fue presentado en calidad de amicus curiae, una figura legal que permite a terceros ofrecer argumentos en causas de interés público. En este caso, los abogados David E. Farber y Benjamin H. Torrance, de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, firmaron la presentación en respaldo de la Argentina. Aún no se detallaron los fundamentos del documento, aunque se anticipa que serán ampliados en los próximos días.

La iniciativa de Estados Unidos, que no es vinculante, buscaría ganar tiempo mientras se desarrolla el proceso. El proceso de apelación iniciado por el Estado argentino mantiene en suspenso, por el momento, la ejecución del fallo de Preska. La intervención del Departamento de Justicia busca precisamente consolidar esa suspensión hasta que se resuelva el litigio en segunda instancia.

Si bien la Corte no está obligada a considerar los amicus curiae, el apoyo del gobierno estadounidense otorga un peso político significativo. Sin embargo, la Argentina ya había recibido un respaldo similar por parte de la administración del presidente Joe Biden, sin que eso evitara un fallo adverso.

Aquella presentación de octubre de 2023 también fue en calidad de amicus, firmada por el entonces fiscal David Williams. En ese escrito, el gobierno de Biden advertía que la entrega de acciones violaría la inmunidad soberana del Estado argentino y pedía rechazar la solicitud del fondo Burford, que pretendía quedarse con el 51% del paquete accionario de YPF.

El argumento giraba en torno a que la justicia estadounidense no tiene competencia para ejecutar activos pertenecientes a gobiernos extranjeros. Se espera que esa misma línea sea retomada en la nueva presentación impulsada por el Departamento de Justicia, esta vez bajo la administración Trump.

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