Prohibirán el uso de celulares en las escuelas primarias bonaerenses

El proyecto busca frenar un fenómeno que ya fue identificado por padres y docentes, que registran que la utilización de dispositivos digitales fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración y dificulta la adquisición de conocimientos.

La iniciativa, impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla de La Cámpora y Lorena Mandagarán del GEN, impedirá el uso de pantallas durante el tiempo que los estudiantes estén en establecimientos de educación pública o privada siempre que “su utilización no sea requerida por personal docente”.

El proyecto surge en un contexto crítico de aprendizaje. Las últimas pruebas Aprender expusieron un dato que generó mucha inquietud: el 46% de los alumnos de tercer grado del nivel primario no alcanza los niveles mínimos de lectura.

Para mitigar las consecuencias del uso de las pantallas hay restricciones similares en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de distintos países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China.

En la Argentina, en agosto pasado, el Ministerio de Educación porteño tomó la decisión de restringir el uso de celulares durante las clases. Y desde entonces hasta ahora, algunas autoridades de instituciones educativas notaron cambios destacables en el comportamiento de los alumnos. Entre ellos, vieron una mejoría en la atención en clase y la interacción social en los recreos.

Ahora, la provincia de Buenos Aires se suma a la medida. Los senadores argumentaron que relevamientos de UNICEF y UNESCO dejan en evidencia que “los estudiantes bonaerenses hacen un uso excesivo de los dispositivos electrónicos”, algo que tiene un impacto negativo en su aprendizaje, bienestar y relaciones sociales.

Sobre su implementación definitiva, no hay una fecha establecida, informaron fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia encargada de su aplicación. Por el momento, se encuentran analizando el alcance de la normativa. Lo más probable, se especula, es que se aplique de manera obligatoria recién en 2026.