Casi 200 vuelos realizó CFK financiados con fondos públicos

A lo largo de los 12 años consecutivos del primer gobierno de los Kirchner, el uso discrecional de los aviones presidenciales desde Buenos Aires hacia Río Gallegos o El Calafate generó controversia y casos judiciales. 

Durante los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y Cristina FernándezKirchner, esta práctica resurgió, no tanto por la actividad del Presidente, sino por el uso que hicieron tanto la primera dama, Fabiola Yáñez, como la propia vicepresidente y, hasta hace poco, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. 

El caso de Cristina Kirchner ilustra la magnitud de este uso discrecional de la flota presidencial: en los últimos cuatro años de gobierno, realizó 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los respaldara.

Estos vuelos, generalmente de jueves a domingos, tenían como objetivo descansar en sus residencias de Río Gallegos o El Calafate, ubicadas a 3000 kilómetros de la Casa Rosada y del Congreso. Para ello, la vicepresidente no solo utilizó diversas aeronaves de la flota presidencial, sino también aviones de la empresa YPF e incluso taxis aéreos alquilados en dólares, pagados por la Secretaría General de la Presidencia, incluso durante la pandemia. 

El costo total de estos viajes, aproximadamente uno por semana, ascendió a 5.250.000 dólares según cálculos de especialistas en aeronavegación. 

En 2021, la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica denunció a la titular del Senado, al presidente saliente y al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por posibles delitos como defraudación a la administración pública, malversación de fondos y peculado debido a los vuelos de la vicepresidenta. Sin embargo, la causa fue archivada en septiembre por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba. 

La información obtenida por La Nación revela que Cristina Kirchner realizó 194 vuelos en este periodo, utilizando aviones de la flota presidencial, de YPF y taxis aéreos, con un costo total para el país de 5.250.000 dólares. 

A pesar de las denuncias, la vicepresidente continuó utilizando estos servicios hasta este domingo 10 diciembre, cuando deberá renunciar como Vicepresidente.