Movimientos bancarios de Jorge Capitanich y sus hijas bajo la lupa de la Justicia

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, le pidió al Banco Central el detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros y movimientos de fondos desde 2020 hasta la actualidad sobre el exgobernador Jorge Capitanich, sus hijas, Jorgelina y María Guillermina, y otras ex funcionarias vinculadas a la investigacion por presunto lavado de activos y fraude con tierras fiscales.

La medida fue ordenada en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales durante la gestión del exmandatario.

Se libraron oficios a organismos claves como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La intencion es detectar movimientos financieros sospechosos, identificar productos bancarios vigentes o ya cerrados, y cruzar esos datos con las declaraciones juradas de los imputados.

La hipótesis gira en torno al presunto "fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de orígen  delictivo agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos".

Entre los nombres involucrados, tambien aparecen Sheina Marlene Waicman y Darío Ariel Zaks. La justicia a la UIF que informe si existen reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los vinculen, o informes de inteligencia interna.

Por su parte, el pedido al BCRA requiere un detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros, movimientos de fondos desde 20202 hasta la actualidad, y cualquier relacion de los mencionados como titulares, cotitulares, apoderados y firmantes.

Que dice el requerimiento del Ministerio Público Físcal

En marzo se conoció un requerimiento de Amad por supuesta manipulación en la adjudicación de tierras fiscales. En ese expediente, el fiscal sostiene que hubo un esquema sistemático de fraude en beneficios de empresas vinculadas a funcionarios y sus familiares.

Segun el requerimiento judicial, se habrían utilizado decretos y resoluciones irreglares para entregar tierras y otorgar subsidios de forma discrecional.

Entre las pruebas presentadas figuran documentación oficial registros  societarios, declaraciones juradas y movimientos bancarios que mostrarían inconsistencias entre ingresos declarados y fondos efectivamente acreditados, lo que habría encendido las alarmas en la Fiscalía.

La justicia busca determinar si existieron maniobras de enrriquecioniento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos a traves de empresas pantallas y testaferros. Con éste levantamiento de secreto bancario, se espera remitan en los próximos días los primeros informes.

Por otro lado, se recuerda que aún están pendientes las indagatorias a los imputados, instancias clave para determinar si el caso avanza hacia un procesamiento formal. Las audiencias previstas inicialmente para abril fueron suspendidas a raíz de recursos presentados por las defensas, entre ellas la del exministro Santiago Pérez Pons, otro nombre pesado del círculo íntimo de Capitanich.