El vocero Manuel Adorni confirmó la presentación de una denuncia penal por una supuesta maniobra de inteligencia prohibida por ley. La denuncia apunta a la supuesta grabación, manipulación y difusión de charlas privadas de la secretaria legal de la presidencia y otros funcionarios.
Nacionales01 de septiembre de 2025Una cautelar en el fuero civil impide pasar audios de Karina.
El gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal luego de la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según explicaron desde Casa Rosada, se trató de una “operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
La confirmación la hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Por otra parte, un juez civil dispuso una medida cautelar que impide la difusión de cualquier tipo de audio que involucre a Karina Milei. “La medida cautelar aquí dispuesta no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático. Su alcance se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”, sostuvo el juez Alejandro Maraniello.
La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, «por indicación expresa» de Bullrich. El documento argumentó que la difusión de las grabaciones es de una «gravedad inusitada» ya que se trata de «audios privados», «jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal».
Los registros fueron difundidos el viernes pasado en Data Clave por Carnaval Stream, a través de Mauro Federico e Ivy Cángaro. Allí se reprodujeron audios que muestran a la hermana del Presidente hablando en tono coloquial sobre la necesidad de mantener la unidad en el oficialismo: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.
En otro fragmento, Milei relata su rutina dentro de la Casa Rosada: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”.
La publicación se conoció poco después del escándalo que involucró a Diego Spagnuolo, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en grabaciones vinculadas a denuncias de coimas dentro del organismo.
En este caso, los audios de Milei no mencionan de forma directa la causa de la Andis, pero desde el canal que los difundió anticiparon que se trata apenas de “la puntita” de un paquete mayor de registros que serán publicados próximamente.
La descabellada denuncia
La denuncia judicial fue radicada bajo la violación a la Ley 25.520 de Inteligencia y quedó en manos del Juzgado Federal 12. Allí, el petitorio presentado por el gobierno exige que “se tenga por formulada la denuncia penal contra quienes resulten responsables de la producción, manipulación y difusión de las grabaciones”.
En el escrito judicial, también se reclamó la realización de allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y de otras personas sin fueros parlamentarios. Según trascendió, estos procedimientos estarían contemplados dentro del decreto 383/2025, que habilita a ejecutar allanamientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes difundieron los audios vinculados a presuntas coimas.
Además, se solicita la apertura de una investigación formal para determinar las responsabilidades, la adopción de medidas cautelares urgentes para frenar nuevas filtraciones y la prohibición de difundir más material bajo apercibimiento del delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal). También se pide que medios de comunicación, plataformas digitales y organismos colaboren para hacer efectiva esa decisión.
Por último, el escrito subraya que “se adopten las medidas conducentes para la averiguación de la verdad y la protección de las instituciones democráticas”, dejando en claro el tono político que envuelve a la denuncia.
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