El programa consiste en un aporte económico de emergencia, no reintegrable, sujeto a rendición de cuentas, para la refacción, remodelación y ampliación de viviendas. Las tarjetas están destinadas a titulares que cuentan con certificado de Registro Único de Beneficiarios y Beneficiarias del Hábitat (RUBH), priorizando aquellos hogares donde residen personas con discapacidad, embarazadas o madres de siete hijos.

 

En el acto realizado en las instalaciones de la Usina Urbana de Resistencia, estuvieron presentes además el Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Arévalo.

Capitanich remarcó que este plan se inscribe en la política de urbanización de barrios no urbanizados, por la cual se intervienen 619 barrios. Las acciones implican que las y los vecinos puedan tener sus títulos de propiedad, que cuenten con veredas, agua potable, conexión a internet, arbolado, que tengan acceso a un centro de salud, a una escuela y a infraestructura deportiva.

“Estas obras demandan, en el plan Quinquenal 2023-2027, más o menos 1.000 millones de dólares, más otros 500 millones de dólares con infraestructura en materia habitacional, lo que significará un gran impacto social”, aseguró el mandatario.

Con la entrega de este viernes ya son 1.243 familias beneficiadas, las que también forman parte de la política habitacional del Gobierno. “El máximo desafío que tenemos como provincia son las viviendas y tenemos un plan para reducir el déficit a través de diferentes operatorias”, destacó el gobernador, reiterando que en sus tres mandatos se llegará a 75 mil soluciones habitacionales.

El subsidio es destinado a refacciones, mejoramiento y ampliación, siempre vinculados a mejorar las condiciones de la vivienda familiar, donde reside de modo permanente la o el titular del derecho. El monto de aportes económicos no reintegrables es de hasta 3 millones de pesos, siendo el 70% para la compra de materiales y el 30% para el pago de la mano de obra.

Además, a través de un convenio con el IPRODICH, el programa se compromete a otorgar con prioridad el aporte económico no reintegrable a las familias en cuyo grupo conviviente se constate una persona con discapacidad.

NO ES SOLO TIRAR CEMENTO

La ministra Pía Chiacchio Cavana, consideró que la urbanización trasciende la idea de refacciones de viviendas en barrios populares. “No es solo tirar cemento. Urbanizar disminuye la pobreza e indigencia, porque implica tener calles en condiciones, alumbrado público, cunetas revestidas y cloacas”, sostuvo.

La funcionaria también señaló que el programa incluye un trabajo previo de operadores sociales y técnicos en relevamientos barriales para el establecimiento de prioridades. Estos agentes recorrieron casa por casa para conocer las urgencias y definir las intervenciones a realizar para hacer conexiones eléctricas seguras, evitar el hacinamiento y arreglar los techos.

“Ustedes son testimonio de lo que se puede hacer cuando el Estado está presente y pone su eje en las necesidades del pueblo”, les dijo la ministra a las y los beneficiarios.

Pérez Pons insistió por su parte en el compromiso de la gestión de seguir avanzando en este camino. “Desde el Estado tenemos los recursos ordenados, permitiéndonos resolver las necesidades más urgentes e importantes de la gente”, aseguró, y sostuvo: “tanto la vivienda cómo el trabajo, son una necesidad fundamental que otorga tranquilidad y seguridad a una familia”.