Aseguran que existen facturaciones del organismo público a una Fundación en la cual figura como presidenta, de más de 290 millones de pesos.
Política 29 de diciembre de 2023
Los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio realizaron una presentación a la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) a través de la cual denuncian a María Pía Chiacchio Cavana por negociaciones incompatibles en su rol de ministra de Desarrollo Social. Aseguran que existen facturaciones del organismo público a una Fundación en la cual figura como presidenta, de más de 290 millones de pesos.
“Se ha realizado el pago ella misma como ministra de Desarrollo Social a la Fundación en la cual ella es presidenta”, expresó el presidente del interbloque de JxC, Sebastián Lazzarini, al explicar que tomaron conocimiento del acta constitutiva de la Fundación Paulo Freire, con fecha del 10 de marzo del 2018, en donde figura María Pia Chiacchio Cavana como titular y su hermana como secretaria. “Queremos que le expliquen a los chaqueños, a aquellos ciudadanos del interior de la provincia del Chaco que en la gestión anterior se llevaban adelante estos desmanejos de los fondos públicos”, ponderó.
Lazzarini explicó que estas denuncias van en sintonía con las medidas que está llevando adelante el Ejecutivo provincial por la decisión del gobernador Leandro Zdero de auditar los procesos administrativos de la gestión anterior. “Se ha tomado la iniciativa de poner orden a este desmanejo de tantos años que nos llevó a tener estos índices de pobreza”, añadió. “Nos han dejado una provincia desbastada”, sostuvo el diputado, al indicar que no se sabe en qué fueron destinados los fondos de las facturaciones denunciadas.
Por otro lado, el diputado Francisco Romero explicó que se trata de una denuncia administrativa y que la FIA deberá ordenar los oficios respectivos para llevar adelante la investigación. “Pretendemos que algún fiscal en el ámbito jurídico también tome la iniciativa y se investigue el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, añadió.
Romero sostuvo que “es una época muy difícil la que estamos viviendo, no hay dinero y queremos saber a dónde fue a parar lo que nos falta”. Aseguró que “son 293 millones de pesos los que se desviaron” y que impulsarán las investigaciones correspondientes. Recordó que el artículo 265 del Código Penal establece las penas para este tipo de delito. “No se puede ser juez y parte. No se puede ser público y privado. Quien está de este lado del mostrador no puede estar del otro lado, y eso es lo que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Se les terminó el quiosco a algunos”, concluyó.
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