Causa IAFEP: Gómez resaltó el accionar de la justicia chaqueña y recordó el rol de querellante del estado provincial

Tras la definición de la Justicia chaqueña en la detención hoy del ex presidente del IAFEP, Mauro Andión y la ex coordinadora de gestión de Soluciones habitacionales del organismo, María Laura Moreno en una investigación por malversación de fondos públicos, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez explicó, que el Gobierno se constituyó como querellante, destacando el accionar de la fiscal coordinadora, Graciela Griffith Barreto y el Equipo Fiscal Especial (EFE).

En ese sentido, el ministro Gómez, remarcó que la investigación se dió a partir de una denuncia de la interventora de IAFEP (Clelia Ávila), “donde se encontraron con irregularidades, que fueron denunciadas ante la justicia”. “Son cinco hechos, todos ellos por violación de los deberes de funcionario público y por administración fraudulenta en contra de los bienes del Estado”, detalló.

A través del IAFEP, el Estado provincial habría entregado dinero a fundaciones y cooperativas para la construcción de casas y de galpones, sin embargo “ después se demostró, en estas cinco causas que algunas no fueron hechas, otras no fueron completadas, como consta en función de las entregas de dinero que se hicieron, e incluso hay un caso paradigmático donde tenía que estar un galpón y no, hay un quincho con una pileta”, manifestó el Ministro.

Por otra parte, Gómez aseguró confiar en el criterio de la Fiscal. “El presidente del  IAFEP, recibió en 2023, 16 mil millones de Presupuesto, no era cualquier persona, era un funcionario predilecto del ex gobernador Jorge Milton Capitanich,”, apuntó el funcionario, lamentando que el “el dinero que estaba destinado para la gente más vulnerable, terminaba en manos de personajes, como por ejemplo, en este caso,  en otras situaciones, que se terminaron enriqueciendo con la necesidad de los que menos tienen. En principio, lo que se está investigando en la Justicia provincial es esto: la violación de los deberes del funcionario público y la administración fraudulenta, es decir, utilizar los bienes del Estado con un fin distinto al cual fueron específicamente destinados”, concluyó.