Eduardo Belliboni más complicado: Hallaron facturas truchas por $25 millones

La pesquisa judicial sobre la gestión de los programas de asistencia social comenzó con una oleada de denuncias a la línea 134 acerca de presuntas presiones para asistir a las manifestaciones, pero con el transcurso del tiempo se convirtió en una posible malversación millonaria de fondos públicos. En este marco, Eduardo Belliboni está cada vez más comprometido.

El magistrado Sebastián Casanello encontró documentos falsificados de dos empresas, una estrechamente vinculada al Polo Obrero, por un valor total de $25 millones de pesos. Se sospecha que esas facturas, tanto por la venta de productos como de ordenadores, se emplearon para justificar la salida de fondos.

Una de las empresas señaladas es una imprenta llamada "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL", ubicada en la dirección Palestina 542, en el vecindario de Almagro. En esa ubicación hay una vivienda modesta, que fue registrada durante el período en que la investigación estaba bajo secreto de sumario. La Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, quien al parecer reside allí con su madre y otro individuo. No se encontró ningún indicio de la imprenta en el lugar.

Además, la imprenta, vinculada a actividades políticas del Partido Obrero, cuenta únicamente con dos empleadas registradas. Una de ellas es Claudia Ferrero, quien se ha presentado como defensora de varios de los imputados en la causa.

La otra empresa que habría emitido facturas es Coxtex SA, fundada en 2020 y presuntamente dedicada a la comercialización de electrodomésticos, teléfonos celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, indicó una fuente de Tribunales.

Este lunes, al convocar a interrogatorio a 23 individuos, el juez Casanello se refirió al "empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Entre ambas compañías, se reunieron facturas por un total de $25 millones.

¿Qué conexión tiene Eduardo Belliboni con esa actividad? En un principio, el dirigente rubricó informes de fondos en los que figuran las facturas sospechosas. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor recibieron $360 millones. Ese total habrían rendido solo 113 millones, según informó hasta ahora el Ministerio de Capital Humano. Y en esas rendiciones aparecen los 25 millones de las facturas. Es un porcentaje alto”, puntualizó una fuente que tuvo acceso a la causa judicial.

Eduardo Belliboni declarará el 25 de junio

Belliboni tiene una cita para comparecer el 25 de junio. Ese mismo día también prestarán declaración Adrián Albornorz, quien se presume es el propietario de la imprenta, y María Isolda Dotti, conocida como Tango, la joven que guardaba más de 54 mil dólares debajo de su cama.

El líder del PO también podría ser interpelado sobre el contenido de las grabaciones realizadas a Jeremías Cantero, el segundo al mando de su organización. Sin embargo, el contenido de sus conversaciones aún no ha sido divulgado.

"El Gobierno me quiere meter preso", fue la primera reacción tras enterarse de la citación a declarar. Pocos horas después, presentó una declaración por escrito ante el tribunal y nombró a una abogada defensora, ya que hasta ese momento no había sido mencionado en el expediente. Ayer, el juez lo incluyó en la lista de personas sujetas a embargo junto con Brisa Noelia Paucara Choque, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz.

Estas personas no podrán disponer de ninguno de sus activos mientras se lleve a cabo la investigación.

La investigación comenzó en diciembre

La investigación a cargo de Casanello se inició en diciembre tras una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, basada en 924 quejas recibidas a través de la línea 134. De ese conjunto, se examinaron 45 que parecen haberse registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se recabaron testimonios de 5 individuos. Las demás denuncias fueron remitidas a más de treinta juzgados federales ubicados en distintas regiones del país.

La causa progresó de manera discreta, utilizando escuchas telefónicas y otras evidencias, y no se hizo pública hasta hace dos semanas, cuando el juez Casanello autorizó una serie de allanamientos solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita. Desde entonces, el juzgado ha asumido el control de la investigación, que estuvo bajo secreto de sumario durante varios días.

Con el transcurso del tiempo, otros demandantes se sintieron más motivados para presentar pruebas. De hecho, se ha revelado que al menos 10 individuos han sido admitidos en el Programa de Protección de Testigos. Están preocupados por su seguridad personal.