Amplían a otras dos propiedades la inhibición de bienes a Insaurralde y Clerici

La Justicia aseguró que el exintendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, y su pareja Sofía Clerici compraron las lujosas casas que habitaban en sendos barrios cerrados “en secreto” de modo de no aparecer como sus verdaderos propietarios, y sospecha que fueron adquiridas con dinero producto del delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por el que se los investiga.

Por eso es que el juez federal de Lomas de Zamora, Erneto Kreplak, dispuso la “prohibición de innovar” con respecto a esas dos propiedades, lo que hace que no se puedan vender, hipotecar o hacerlas desaparecer. Esta medida es complementaria de la inhibición general de bienes dispuesta por el juez a pedido del fiscal Sergio Mola. Lo que sucede es que, como estas viviendas no estaban a nombre de Clerici o de Insaurralde, no estaban alcanzadas por la medida.

El escándalo que salpicó a Insaurralde y lo obligó a renunciar como jefe de Gabinete de Axel Kicillof, estalló en plena campaña electoral cuando Sofía Clerici publicó en su cuenta de Instagram fotos de ambos navegando en un yate en el mediterráneo, frente a Marbella.

Se trató de un viaje de placer donde solo el alquiler del yate Bandido insumió 14.000 euros, la reserva para su uso la hizo la propia modelo y que la cuenta del exclusivo hotel donde se alojó la pareja una semana redondeó los 24.000 euros. Insaurralde viajó en primera y el pasaje en avión por Iberia en bussines costó 8139, 30 dólares, para ir a Europa. Fue adquirido por una agencia de turismo de Miami, el día anterior al vuelo, y se pagó con una tarjeta de crédito American Express emitida en Estados Unidos, de la que se tiene la numeración parcial. Clerici sacó el pasaje el 17 de agosto por Air Europa, para viajar el 7 de septiembre al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y pagó 3.801.993,60 pesos en efectivo. Lo sacó también mediante una agencia de viajes.

Estas revelaciones motivaron que se abriera una causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que abarca a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a Clerici, que exhibió en su Instagram, costosos regalos como relojes y joyas supuestamente adquiridos en ese viaje.

El juez allanó la casa donde vivía insaurralde en un country en San Vicente, que no está declarada en su declaración jurada de bienes y la vivienda donde vivía Clerici en Nordelta, donde la Justicia decomisó casi 600.000 dólares.

Ahora, el juez y el fiscal descubrieron la propiedad ubicada en los lotes 242 y 243 del Barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, fue adquirida por la empresa Sasaxa Libero SA, como adjudicataria y la compañía Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A. como fiduciante. Insauralde vivió allí y es director suplente de Sasaxa Libero SA, y su hijo Martín Luciano Insaurralde, contaba con un poder general de administración y disposición para actuar como apoderado de Sasaxa Libero SA.

Por otro lado, la casa donde vivía Sofía Clerici en el barrio Los Lagos de Nordelta fue comprada por emdio de una cesión de derechos a la empresa Nogoyá 3333 SA. La modelo figura como presidenta de la empresa.

El juez aseguró: “Asi las cosas, se puede concluir que ambas propiedades, si bien pertenecían a Insaurralde y Clérici y era el lugar en donde residían habitualmente, no fueron adquiridas a título personal” ni firmaron documentos de compra venta, sino que “lo habrían hecho de manera secreta, o al menos, oculta con el fin de salvaguardar sus identidades” y concluyó que “ambos inmuebles podrían ser producto de las actividades que aquí se investigan”.

Kreplak entendió que esta manera de comprar propiedades “de manera subrepticia”, se suele usar para “disimular” los bienes que “sean producto de su ilícita labor” y para “su rápida transferencia”.

Y por eso dispuso la medida de no innovar sobre las sociedades, sugeridas por el fiscal, complementaria de la inhibición general de bienes de Insaurralde y Clerici, “a fin de asegurar los bienes en cuestión y evitar que los investigados puedan transferir los derechos que recaen sobre ellos”.

El objetivo es asegurar la ejecución de la multa en caso de una condena por lavado de dinero, la indemnización civil y las costas del proceso. El fiscal dijo que correspondía porque la hipótesis del delito de lavado y enriquecimiento ilícito era “verosímil” y la demora en efectuarla genera el riesgo de que los bienes sean extraídos o transferidos.

Los fiscales tienen una instrucción general de la Procuración que data de 2009, que les indica que deben adoptar las medidas “para no frustrar la recuperación de esos bienes, evitando su libre disposición”.

(Fuente: La Nación)